Ribera deja la rentabilidad de la mayoría de las renovables en el 7,38% para frenar los arbitrajes

La retribución de las plantas previas a 2013 se congelan hasta 2031 y el resto recibirá el 7,09%

Tras el acuerdo del Consejo de Ministros de hoy, el Ministerio para la Transición Ecológica va a iniciar los trámites del anteproyecto de ley que establece las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las actividades con retribución regulada para 2020-2025, concretamente, las energías renovables y las redes de distribución y transporte.

Además, según el ministerio, “con el objeto de garantizar un marco retributivo estable”, el anteproyecto plantea que la retribución que tienen reconocida en la actualidad las renovables y la cogeneración no se modifiquen hasta 2031. Se trata de las instalaciones primadas con anterioridad a la reforma energética de 2013, “que ha sido objeto de una significativa litigiosidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional”, añade. De esta manera, el Gobierno quiere frenar la multitud de arbitrajes (35 en estos momentos) de inversores internacionales contra los recortes de dicha reforma, que se han saldado ya con cinco laudos parcialmente condenatorios contra el Reino de España.

Tras el primer periodo regulatorio que termina el 1 de enero de 2020, el anteproyecto fija un cambio en el cálculo de la rentabilidad. Esta toma como referencia el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años más un diferencial adecuado. El resultado de esta fórmula, aplicada en 2013 con un diferencial de 200 puntos, es la actual retribución de las redes y las renovables, un 7,389% que se mantiene para las plantas previas a 2013. De ser revisada tal cual, a la vista de la bajada del rendimiento de las obligaciones del Estado, la rentabilidad sufriría una fuerte caída.

Para evitarlo, y previo informe de la CNMC, el anteproyecto incluye un diferencial “adecuado”, en tanto el bono a 10 años “queda actualizado”. Así, se determina que la tasa de retribución financiera 2020-2025 de las redes eléctricas será del 5,58% y la de las renovables (posteriores a 2013) en el 7,09%, frente a las actuales del 6,503% y el 7,503%, respectivamente, excepto las afectadas por la reforma de ese año, que es del 7,389%.

El recorte a las renovables ha provocado 35 arbitrajes y, de momento, cinco laudos contra España  

Dado que el argumento recurrente de los laudos es la inseguridad jurídica de España, la norma pretende “fijar un marco retributivo estable a las plantas afectadas [por la reforma] y lanzar una señal positiva a los inversores para evitar nuevos procedimientos o, en su caso, poner fin a los ya existentes”, al garantizar a sus titulares que la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo se mantendrá hasta 2031.

El titular puede elegir

La mejora de la retribución a las plantas anteriores a 2013 servirá para reducir el pago de las indemnizaciones por decisión judicial. Según el Gobierno, estas mejoras “se detraerán de la diferencia entre la retribución congeladas hasta 2031 y la que hubieran recibido en el régimen ordinario”. No obstante, los titulares podrán renunciar a este marco retributivo y acogerse al ordinario. Dado que sólo los inversores extranjeros pueden recurrir a un arbitraje internacional (acogiéndose a los acuerdos de protección recíproca de inversiones entre España y sus países), pero no así los españoles, a estos les conviene más la congelación que una bajada de la tasa de rentabilidad. El accionista internacional, sin embargo, deberá calcular si le resulta más rentable la posible indemnización de un arbitraje o la mejora de la retribución que le plantea el Gobierno. En cualquier caso, en las sociedades de renovables con mayoría de capital español la opción parece clara. Queda por ver si las instalaciones anteriores a 2014, esencialmente parques eólicos, a las que la reforma de 2013 dejó sin ningún incentivo pues se determinó que habían cobrado a esta fecha toda la retribución que le correspondía con el nuevo sistema. que sustituyó las primas a la producción por un incentivo a la inversión, por toda su vida regulatoria. En el sector fotovoltaico, como es el caso de Anpier, la asociación que integran los pequeños productores solares, han recibido con satisfacción la propuesta del Gobierno. Hay quien considera que en el trámite del proyecto de ley se debería eliminar el plazo de 2031 y dejar la retribución del 7,38% hasta el fin de la vida regulatoria de cada planta, fijada en 20 años.Fuente: cincodias.com