Los que lo recibían por tener menos de 3 kW se quedan sin el descuento desde el día 8.
Los bonistas con derecho al nuevo deben pedirlo antes de fin de año.
El real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección al consumidor que entró en vigor el domingo establece la ampliación en tres meses del plazo que terminaba el lunes, día 8, para que los beneficiarios del antiguo bono social de la tarifa se acojan al nuevo. Se trata de la segunda prórroga de un beneficio, en forma de descuentos, que disfrutaban hasta ahora 2,3 millones de usuarios. La anterior, por seis meses (del 8 de abril al 8 de octubre), fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el fracaso de un nuevo mecanismo que entró en vigor hace un año. A 31 de marzo, solo lo habían pedido unos 400.000 usuarios.
Tras ampliar su cobertura e incorporar nuevos colectivos, el Ministerio de Transición Ecológica, ha optado por otra moratoria, hasta el 31 de diciembre, para que los que no lo hayan hecho aún, lo soliciten. Sin embargo, esta prórroga encierra una trampa, pues nada tiene que ver con la anterior.
En este caso, todos los bonistas que no se hayan acogido al nuevo (unos 730.000, según el Gobierno), dejan de cobrarlo automáticamente. Y solo a quienes lo soliciten antes de fin de año y tengan derecho al nuevo, se les devolverán los importes correspondientes desde el 8 de octubre.
Esto supone que, cuando menos, el colectivo más numeroso del viejo bono, más de un millón y medio de clientes, ha dejado de percibirlo, lisa y llanamente y para siempre, desde este lunes. Se trata de aquellos puntos de suministro con una potencia inferior a 3 kW, a los que se les aplicaba de forma automática el descuento del viejo bono.
Salvo en el caso de los que, formando parte de este colectivo, cumplan algún requisito del nuevo bono (se calcula que no son muchos), el resto se queda fuera de un sistema de protección, muy criticado, por otro lado, al no estar ligado a la renta de las familias.
El Anexo II del nuevo real decreto-ley incluye un modelo de carta que han de remitir las comercializadoras de referencia a sus clientes con bono para instarles a renovarlo con las nuevas condiciones. Y lo deja muy claro.
En ella se indica que, “en el caso de que su solicitud se presente con posterioridad al 8 de octubre de 2018, es posible que en sus facturas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre no se refleje el descuento del bono social. Si su solicitud es presentada antes del 31 de diciembre y es finalmente resuelta favorablemente, el descuento correspondiente a dichos meses le será aplicado en las facturas posteriores”. Por tanto, las que no resulten favorables (las de los 3,3 kW, entre otros), quedan excluidas.
El antiguo bono social, diseñado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo Miguel Sebastián ministro de Industria, no dependía de la renta y otorgaba un descuento del 25% a cuatro colectivos: las familias numerosas; aquellas con todos sus miembros en paro; los perceptores de pensiones mínimas y los puntos de suministro con menos de 3 kW de potencia.
Gracias a este colectivo, que llegó a representar el 75% del total, el bono rondó en sus inicios los tres millones de beneficiarios. Endesa, la mayor comercializadora, es un buen ejemplo: la eléctrica contaba este verano con 945.000 bonistas, de los cuales, 700.000 corresponden a los de menos de 3 kW. En el caso de Naturgy, estos ascendían a 330.000 sobre un total de 420.000.
El número de beneficiarios del bono ha ido cayendo en los últimos años, en buena medida por el trasvase por parte de las eléctricas de clientes del mercado regulado al liberalizado. Y es que solo tienen derecho a percibir el bono los pequeños consumidores con contrato regulado, o PVPC. La nueva regulación del Gobierno socialista pretende evitar estos abusos, obligando a las empresas a informar a sus clientes de las consecuencias de dichos trasvases.
El nuevo bono es un sistema mixto en el que se tiene en cuenta la vulnerabilidad del consumidor (que, dependiendo de ella, tendrá descuentos desde el 25% al 100%); la renta; los niveles de consumo y determinadas situaciones personales (como discapacidad, dependencia, familias monoparentales o víctimas de violencia de genero o de terrorismo). Solo las familias numerosas repiten con las mismas condiciones que antes.
Aunque el exministro de Energía, Álvaro Nadal, estimó en 2,5 millones los potenciales usuarios del nuevo incentivo, solo se han apuntado los 731.000 antes citados. Y aunque el Gobierno actual mantiene que el coste de esta ayuda se mantiene en 240 millones de euros anuales, las empresas del sector ponen en duda esta cantidad: la mayor cobertura no la justificará, porque el derrumbe del número de beneficiarios será muy superior.
Todas las comercializadoras, grandes y pequeñas, que son las que financian el bono social en función de sus cuotas de mercado, han recurrido en los tribunales dicha obligación.
El real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección al consumidor que entró en vigor el domingo establece la ampliación en tres meses del plazo que terminaba el lunes, día 8, para que los beneficiarios del antiguo bono social de la tarifa se acojan al nuevo. Se trata de la segunda prórroga de un beneficio, en forma de descuentos, que disfrutaban hasta ahora 2,3 millones de usuarios. La anterior, por seis meses (del 8 de abril al 8 de octubre), fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ante el fracaso de un nuevo mecanismo que entró en vigor hace un año. A 31 de marzo, solo lo habían pedido unos 400.000 usuarios.
Fuente: cincodias.com